Movilizar el financiamiento de la movilidad hacia sistemas públicos masivos y limpios no esúnicamente una medida ambiental, sino una decisión política clave para reducir desigualdadessociales y territoriales. Mantener la priorización del transporte privado profundiza lacontaminación, el uso ineficiente del tiempo y la exclusión de quienes dependen del transportepúblico deficiente en la actualidad. Implementar impuestos diferenciados y destinar sus recursosal fortalecimiento de la movilidad pública masiva representa una oportunidad concreta y viablepara avanzar hacia un modelo más justo, sustentable y equitativo, alineado con las necesidadesreales de la mayoría de la población.117 Sophia Appl, Emilio Sánchez y Diego Merla, Más verdes, más justos: impuestos que cuiden al planeta y a las personas, Ciudad de México,Alianza por la Justicia Fiscal, 2025, pp. 19-21.46

México debe impulsar una política eléctrica que sea justa, universal y sostenible. La redistribucióndel subsidio y la inversión en infraestructura eléctrica y limpia no solo corrigen desigualdadeshistóricas y contribuye en los esfuerzos contra la crisis climática, sino que también contribuyen alejercicio de derechos como alimentación, salud y educación. Al priorizar a quienes hoy viven enpobreza energética, el estado cumplirá con su obligación de ofrecer condiciones para una vidadigna y promover la transición hacia un país más equitativo y sostenible. La justicia energética noes solo una meta técnica, sino un compromiso político y social indispensable para el bienestar detodas las personas.43

El sistema debe habilitar el ejercicio de los cuidados comunitarios en condiciones de dignidad yautonomía, mediante la provisión de bienes, servicios e infraestructura adecuada a cadaterritorio y a las prácticas colectivas que ahí se desarrollan. Para ello, es indispensable que lasautoridades encargadas del sistema estén sensibilizadas tanto sobre los beneficios sociales de loscuidados colectivos como sobre los desafíos en su implementación.

Las decisiones de inversión no pueden depender solo de consejos asesores de empresariosconvocados para movilizar recursos o del uso de las fuerzas armadas para la ejecución de lainversión pública en megaproyectos a costa de la transparencia del gasto. Debe recuperarse elpapel rector del estado en la articulación de la inversión en beneficio de las mayorías,especialmente mediante mecanismos democráticos como la banca de desarrollo, hoy subutilizadaen México. La inversión debe coordinarse desde y para lo público en los territorios.

Esta situación tiene una relación directa con la concentración de la riqueza. Cuando unos cuantostienen el poder de tomar las decisiones sobre qué, cómo y en qué condiciones se produce, tambiéndeciden sobre el trabajo de las mayorías y, por lo tanto, sobre su tiempo.21 En el contexto mexicano,esto se traduce en dobles y triples jornadas —especialmente para las mujeres por el trabajo noremunerado de cuidados—, en largos traslados urbanos y en una incertidumbre constante queimpide planear el futuro. El tiempo libre, el descanso y la posibilidad de desarrollar proyectos devida autónomos se convierten en privilegios, no en derechos compartidos. De esta forma, losmilmillonarios se enriquecen a costa del tiempo y la precariedad de las mayorías