eberíamos elogiar y apoyar los esfuerzos para crear espacios donde más personas puedan aprender a diseñar, crear prototipos, codificar, piratear, crear y construir. Al mismo tiempo, sin una intervención intencional, a estos espacios les resulta muy difícil cumplir incluso con su propia retórica democrática liberal, porque terminan dominados por hombres cis blancos y por personas de clase media con tiempo libre e ingresos disponibles. Es más, si imaginamos todos esos espacios transformados mágicamente en sitios multiculturalmente inclusivos y con diversidad de género de la noche a la mañana, esto sería una gran mejora. Sin embargo, no sería suficiente para realizar su potencial verdaderamente transformador. Eso requiere que las comunidades alrededor de dichos sitios desarrollen su propio análisis compartido del poder injusto (la matriz de dominación), cómo desmantelarlo y el papel específico del diseño, la piratería, la creación y la fabricación en ese proceso mucho más amplio. Significa el desarrollo de identidades compartidas más allá del empresario neoliberal. Sobre todo, requiere el fomento intencional de vínculos profundos entre estos sitios y las redes de movimientos sociales ya existentes.

Es decir, la violencia contra las mujeres no es un problema individual,como el Estado mexicano buscaba justificar. Las creencias e ideas compartidas consolidan mentalidades y prácticas sociales que se retroalimentany conforman un orden social específico.4

Lo que el Estado mexicano argumentaba ante la Corte IDH contrastabadirectamente con lo que dentro del país se debatía y aprobaba en el ámbito legislativo. Como se presentó en el apartado del contexto y antecedentes, en el 2007 México ya contaba con una legislación administrativaque armonizaba cabalmente con la Convención Belém do Pará. El concepto de violencia contra las mujeres se distinguía claramente del de violencia familiar y del de violencia generalizada, que podían observarse enlos tipos penales comunes y en las leyes de seguridad pública.